Derecho de asilo


¿Qué es y cómo nace el derecho de asilo
 
La Segunda Guerra Mundial y la consecuente reorganización política de Europa del este y de los Balcanes causaron el éxodo de millones de personas. En apenas siete años (de 1945 a 1952) Italia recibió a 120.000 refugiados sin estar preparada para gestionar y asistir a tal cantidad de personas. De hecho, la mayoría fueron recolocados en países de inmigración (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, principalmente).

La Convención de Ginebra de 1951 fue creada y firmada específicamente para responder a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, determinando quién es considerado refugiado y, por lo tanto, puede pedir protección internacional en otro país. En aquel entonces se limitada a personas de otros países europeos, pero ya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoció este derecho básico: "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país" (artículo 14). Poco más tarde, con el Protocolo del 1967, se extiende el concepto a todo el mundo y no solo a las víctimas procedentes de Europa.


Pero después de firmar, los países tuvieron que convertir estos principios en leyes e Italia tardó años en hacerlo. Comenzó la década de los 70 siendo casi exclusivamente un país de tránsito, en el que las personas que huían presentaban los papeles para el procedimiento de "resettlment", es decir recolocación en otros países (principalmente Estados Unidos). Ningún gobierno italiano se preocupó de reglamentar el derecho de asilo político. Lentamente se convirtió en país de destino: a finales de los años 70, acogiendo a personas que huían de las dictaduras militares de América Latina y de las guerras de Irán/Iraq; pero solo en los años 90 promulgó las primeras disposiciones normativas en materia de acogida.
Entre los acontecimientos que llevaron finalmente al Gobierno a actuar en el tema de inmigración cabe destacar un atroz asesinato ocurrido en el sur de la península: un grupo criminal mató en 1989 a Jerry Essan Masslo, un hombre sudafricano al que no se le había reconocido el estatus de refugiado.
 
 
 


En aquel momento el número de trabajadores africanos en Italia era de 600.000. Poco después del asesinato se produjo la primera manifestación en contra del racismo en Roma, en la que participaron 200.000 personas. El Gobierno emanó en tiempos récords la Ley "Martelli" para reglamentar la condición de extranjero. 
El 7 de agosto de 1991, el barco Vlora, regresando de Cuba cargado de azúcar, fue tomada en el puerto de Durazzo (Albania) por una masa de alrededor de 20.000 migrantes albaneses que obligó al comandante Halim Milaqi, a zarpar hacia Italia, llegando a Bari el día siguiente.   
 
 
 El enfoque de “respuesta de emergencia” de esta ley remitía a una revisión futura que tardó en llegar.
Mientras tanto el Gobierno intentó dar respuestas circunstanciales, con una lógica de protección temporal, porque, se decía, faltaba el elemento de persecución individual, tratándose de situaciones de conflicto e inestabilidad de comunidades enteras, como la de Somalía por su guerra civil o la de antigua ex-Yugoslavia.

La evolución cada vez más profunda del fenómeno migratorio evidenciaba la incapacidad de la ley de dar respuestas y en 1998 una nueva propuesta (Ley "Turco-Napolitano") en materia de derecho de asilo confluye en el Texto Único sobre Inmigración que finalmente ofrece una reglamentación de los diferentes aspectos que interesan a los ciudadanos no comunitarios presentes en Italia: entrada y estancia, trabajo, sanidad, educación, vivienda, participación a la vida pública e integración. 
El intento fue realizar una política de accesos limitados, programados y reglamentados, contrastar la inmigración clandestina y la explotación criminal de los flujos migratorios.
Pero fue solo cuatro años más tarde con la Ley "Bossi-Fini" que se desarrolla un sistema de protección nacional para esas personas que presentan solicitud de asilo político (el "Sistema di protezione per i richiedenti asilo -SPRAR-"). Se decide que el organismo competente para establecer quien tiene derecho a protección internacional es una Comisión central con delegaciones territoriales, que escucha en audiencia a cada individuo (si es necesario con un intérprete) y da respuesta en un máximo de 33 días, en los cuales el extranjero tendrá un permiso provisional. Quien obtenía la protección internacional podía acceder al sistema nacional que soporta y facilita la inserción socio-económica a través de los actores locales y de la Asociación Nacional de Ayuntamientos Italianos. Pero los tiempos previstos no fueron respetados desde el principio y el principal problema –tanto entonces como de hoy- es precisamente la excesiva duración del procedimiento de asilo. 
Italia, como el resto de países de la Unión, no puede gestionar la inmigración por su cuenta y tiene que uniformarse a la normativa europea. En cuanto a los solicitantes de asilo político, los países tienen que proporcionar medidas de acogida desde el momento en el que declaran su voluntad de solicitar protección internacional. Durante todo el tiempo de espera para que se examinen la solicitud tendrán un permiso provisional. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es quien es solicitante de protección internacional y quién no. Inmediatamente después de la llegada a tierra, las autoridades proceden con la identificación y preguntan cuál es el motivo del viaje. Es un momento extremadamente delicado porque existe una única respuesta correcta que abre la puerta de las medidas de acogida (dormitorio o vivienda, comida, cursos de italiano, etc.) y es la de pedir protección internacional. El que responda que ha venido para buscar trabajo o para huir de la miseria no será considerado "solicitante de asilo político" y será automáticamente "ilegalmente presente en el territorio".   
Quien acierte será mudado a un centro llamado "hub" a la espera que sea disponible una plaza en el sistema de acogida (en grandes centros como hoteles convertidos para este fin, en apartamentos, en familias, etc.) y una vez obtenida su plaza empezará su interminable espera. Desde que presenta la solicitud hasta que la Comisión Territorial le llamará para la audición pasarán, como media, unos 15 meses. Si no obtiene protección puede recurrir al Tribunal, el cual debe dar respuesta en otros 6 meses y si el Tribunal confirma la negativa, se puede pedir a la Corte d'Appello que verifique el procedimiento en otros 6 meses. Fácilmente se llega a 3 años de vida suspendida en los que no se es ni legal ni ilegal, no se puede salir del país, no se puede regresar, ni se sabe lo que va a pasar.

El mayor impedimento viene del Reglamento de Dublín, en el que se establece que el país responsable del examen de la solicitud de protección es el primer país europeo en el que se ha entrado. A tal fin se ha creado el sistema Eurodac, una inmensa base de datos de huellas y fotos que impide a los solicitantes de protección de moverse por Europa libremente, juntarse con sus familiares o decidir en qué país pasar esos primeros años de espera hasta que tenga respuesta sobre sus documentos. Por lo tanto, Italia y Grecia reciben muchísimas más personas por su posición geográfica. España menos, ya que no es tan fácil pasar por Marruecos. Tampoco Libia es fácil, es un país sin control en el que se abusa de esta masa de migrantes con las peores violencias y trabajo forzado, pero luego de alguna manera las redes criminales consiguen que se atraviese el Mar Mediterráneo. Según esta lógica, los medios de comunicación se encargan de convencer a todo el mundo de que Italia está bajo una amenaza de invasión de africanos.
Pero realmente ¿cuántos son los extranjeros presentes en Italia? 
Es difícil dar respuesta porque faltan datos oficiales de algunas categoría y cuando se hacen números siempre alguien levanta la mano para decir "pero faltan los irregulares" o "no cuentas todos los que llegan a nuestras costas"... pero podemos hacer estimaciones y el cálculo no es tan complicado.

Extranjeros regularmente residentes en Italia: 5.029.000 (1 de enero de 2017) pero no comunitarios alrededor de 3 millones 500 mil. Sumamos 410 mil extranjeros que tienen permiso pero no han establecido una residencia en ningún ayuntamiento. (Rapporto sulle Migrazioni 2016, Fondazione ISMU).
Este primer dato incluye los extranjeros con estatus de refugiado reconocido que son 118 mil.

No incluye, al revés, tres categorías: los solicitantes de asilo político, los migrantes irregulares (los llamados clandestinos) y los recién llegados que todavía no entran en ninguna categoría.

El primer número no es fácil de establecer, porque sabemos cuántas solicitudes se presentan cada año pero no sabemos a cuantas ya se ha dado respuesta (transformando las personas desde solicitantes a refugiado o irregular), pero podemos coger el número de personas actualmente en el sistema nacional de acogida: 174 mil. No todos son solicitantes, alguno ya es refugiado y entra por lo tanto en la categoría anterior, pero podemos coger el dato entero, sabiendo que es un poco sobrestimado.

En cuanto a los "clandestinos" es el número más difícil de estimar: el dato más fiable es de 435 mil migrantes irregulares (dato de Fondazione ISMU)
Por lo tanto si a los 5,4 millones sumamos los casi 200 mil solicitantes de asilo y los 400 mil irregulares llegamos a un número que se acerca a los 6 millones. El 10% de la población italiana.

Y recuerdo una vez más que de estos 6 millones, 2,5 millones son europeos comunitarios.
Desde luego es difícil hablar de invasión, por mucho que el número haya crecido en los últimos años.


Pero más allá de los números, la inmigración obliga Europa a pararse a pensar en su identidad, en su capacidad de dar respuestas a desafíos cada vez más grandes y a preguntas cómo la que recibo a diario: "pero Europa ¿no es la tierra de los derechos?"; "me dais casa y comida, pero yo solo pido trabajo, ¿por qué no puedo trabajar aquí?"; "me dicen que no hago nada todo el día, pero si me ofrezco a ayudarle con cualquier tarea, me dicen que no"; "¿por qué si me siento en un banco al lado de una persona, esta se levanta y se va?"; "tengo toda mi familia en Alemania, ¿por qué tengo que pasar en Italia todo este tiempo y aprender italiano? ¿no puedo empezar a estudiar alemán?". 

 Noemi Bertolotti
Ex-técnico de Proyectos Locales de Fundación FADE
 

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